El Ayuntamiento asegura que la obra del parking de la Rosaleda ha encarado su recta final
El PP ha advertido sobre una supuesta cuarta prórroga, si bien el plazo acaba el lunes y de momento no se ha solicitado
El próximo lunes 30 de junio finaliza el plazo vigente para la conclusión de las obras del aparcamiento de La Rosaleda en Alcoy, sin que hasta el momento la UTE responsable haya solicitado una nueva prórroga. El objetivo del Ayuntamiento, tal y como recuerda en un comunicado emitido este mismo viernes, es reabrir el estacionamiento como un servicio esencial para la ciudad, priorizando esta actuación por encima de la finalización completa de la plaza.
La Unión Temporal de Empresas (UTE) Parking Rosaleda, integrada por Guerola y Cyes desde el pasado 18 de febrero tras la resolución judicial que modificó su composición, ha ejecutado ya el 89,78% de los trabajos, de acuerdo con la certificación nº 17 emitida el 30 de mayo, informan fuentes municipales.
Conviene recordar que durante el proceso de remodelación, se han concedido tres prórrogas, todas ellas con informes técnicos favorables y con causas que, según el Ayuntamiento, han estado motivadas principalmente por la falta de mantenimiento de las instalaciones que debía haber acometido la anterior concesionaria, formada por Enrique Ortiz e Hijos SA y Auplasa. Esta situación obligó a sustituir diversos sistemas, como el de protección contra incendios y el alumbrado, para cumplir con la normativa actual.
Además, se han producido otros contratiempos, como las fuertes lluvias durante los meses de agosto y septiembre de 2024, que paralizaron las obras justo en el momento de la ejecución del forjado de la cubierta. También se registraron demoras provocadas por subcontratistas afectados por la DANA del 29 de octubre de ese mismo año.
Actualmente, las labores pendientes se centran en el relleno de tierras, la adecuación de los caminos y la plantación del arbolado. En este último punto, el Ayuntamiento está valorando posponer la plantación a septiembre para garantizar la supervivencia de las especies vegetales durante el verano.
“La prioridad ha sido siempre abrir cuanto antes el aparcamiento para recuperar un servicio básico. Si ha habido retrasos, en su mayoría se deben a las deficiencias heredadas en las instalaciones, que nos vimos obligados a renovar para garantizar la seguridad”, ha explicado la concejala de Urbanismo, Vanessa Moltó.
Este proyecto responde al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (núm. 1504/2005), que declaró ilegal la reforma impulsada en su momento por el gobierno local del Partido Popular y exigía una capa de tierra vegetal suficiente para permitir el crecimiento de arbolado. Esto obligó a una reforma en profundidad de la cimentación y la estructura del espacio.
El contrato fue adjudicado por un total de 4,3 millones de euros. El Ayuntamiento insiste en que, salvo contratiempos imprevistos, la apertura del aparcamiento está próxima.
Críticas del Partido Popular
Mientras, desde el Partido Popular en Alcoy se ha hecho público otro comunicado en el que expresan su “preocupación” por el estado actual de las obras. Según el PP, a simple vista los trabajos están inacabados y el ritmo de ejecución “no es el deseado”, por lo que anticipan que será necesario aprobar una cuarta prórroga.
“El retraso genera malestar entre los vecinos y pone en entredicho la gestión de los recursos públicos”, señalan. Además, el grupo popular vuelve a cuestionar la transparencia del proceso y vincula las demoras con la empresa LIC, que participó inicialmente en la UTE y que, según un informe de la UCO, estaría supuestamente relacionada con la trama Koldo, vinculada al PSOE.
“Nos preguntamos si estos retrasos podrían tener relación con esa investigación o si estamos ante otro caso de mala planificación del gobierno municipal socialista”, critican. Asimismo, exigen medidas urgentes para que, según afirman, la obra no siga “eternizándose”.
Desde el Ayuntamiento, hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva prórroga y se argumenta que las tres anteriores se han basado en informes técnicos y causas justificadas.