Un edificio de siete plantas, de la Generalitat, con 14 pisos cerrados
Lleva treinta años inutilizado en un contexto en el que la necesidad de vivienda es prioritario
Mientras Cáritas denuncia el grave problema en Alcoy de la vivienda social, la administración pública mantiene, desde hace más de 30 años, un edificio completo de viviendas cerrado a cal y canto, en proceso de deterioro. Son 14 viviendas, en una ubicación privilegiada, como es la Avinguda Juan Gil-Albert (delante del callejón de Villa Elisa), cerradas, sin estrenar, esperando a que alguien derrote al monstruo de la burocracia y ponga, al servicio de quienes lo necesiten, una vivienda digna.
“En los tres últimos años, la dificultad para acceder a un alojamiento digno en Alcoy se ha convertido en la principal urgencia”. Así lo explica el delegado de Cáritas en nuestra ciudad, Juan Carlos Guevara, en la presentación de la memoria de la actividad de Cáritas en el año pasado. Hoy, encontrar un piso decente en alquiler por menos de 500 euros se ha convertido en “misión imposible” para demasiada gente en Alcoy. Insiste Guevara, que conoce bien la realidad social de la ciudad como párroco de Batoi, en que “actualmente hay un problema muy fuerte de vivienda en Alcoy, unas veces por el incremento del alquiler y otras, simplemente, porque no tienen dónde vivir”.
¿Cuál es la respuesta de la administración ante esta situación? Al margen de tener una concejalía de la Vivienda, una Oficina de la Vivienda y un Observatorio Municipal de la Vivienda, se ha conseguido rehabilitar un edificio de la calle San Mauro, con fondos europeos, para 4 familias, ¡cuatro!, con problemas de dependencia o discapacidad, y se está a la espera de un proyecto, con la Generalitat, en la calle San Jaime y otra rehabilitación en Sant Mateu. Con todo ello no se llegaría a poder atender las 37 solicitudes que se presentaron para las cuatro viviendas de San Mauro.
Pero lo que provoca más rabia es comprobar que, frente a las tragedias que viven algunas familias, gente joven con hijos o matrimonios mayores de 70 años, tenemos edificios completos cerrados, con viviendas que nadie utiliza. Y no me refiero solo a los edificios de propiedad privada o bancaria, los restos de la burbuja inmobiliaria, esparcidos entre zonas tan diferentes como Serelles, Maestro Espí o Músico Pérez Laporta. Me refiero, vergonzosamente, a un edificio con 14 pisos, propiedad de la administración pública, que lleva ya más de 30 años cerrado, abandonado, sin ninguna utilidad salvo servir de refugio a la plaga de las palomas.
30 AÑOS INUTILIZADOS
Este edificio es el número 54 de la Avenida Juan Gil Albert. La licencia de obras para su construcción se solicitó inicialmente en octubre de 1974, después de derrumbarse la “Caseta del Peón Caminero” que ocupaba la zona. La licencia la solicita la Jefatura Provincial de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas, al parecer para dar viviendas a los trabajadores del mantenimiento de carreteras. No se concede licencia hasta que se solucione el problema del paso que había entre esta parcela y los solares de detrás, lo que hoy se mantiene como el “Callejón de Villa Elisa”. Según los servicios técnicos municipales, hay otra petición de licencia de obras en 1985 y la construcción del edificio se termina en 1991, hace 34 años. Por su parte, el Catastro data la fecha de alta del edificio en 1977. No hay quien se aclare.
Han pasado muchos años y ahí están las 14 viviendas, sin estrenar, inutilizadas, sin importar a nadie los problemas que podrían solucionar.
Hubo momentos en los que la plaga de las palomas llegó a amenazar la higiene en el edificio, con denuncias de vecinos de la zona, lo que obligó a cerrar las galerías de la parte posterior con telas, aunque las aves han conseguido abrir boquetes en algunas plantas.
Los locales comerciales del edificio, que ocupa una parcela de 395 metros cuadrados, con 1.539 construidos y 125 metros cuadrados de estacionamiento abierto, según los datos del Catastro, están ocupados desde hace ya muchos años por oficinas de la Conselleria de Territorio, sede actualmente de la Oficina Comarcal del Medio Ambiente (OCMA).
En momentos de emergencia, hace ya años, estos pisos alojaron a familias afectadas por sucesos, como cuando se desalojó el edificio de la Portalà. Hoy tenemos, según los datos de Cáritas, familias en Alcoy que viven en estado de emergencia por falta de una vivienda digna. Y necesitan una solución. Al menos dos ex-concejales, Paco Agulló (EU) y Carles Esteve (PSOE), que nos consta que lo intentaron, confiesan no haber encontrado respuesta en la Generalitat. El monstruo de la burocracia gana demasiadas batallas. Tampoco ha conseguido respuesta la actual concejala de la Vivienda, Teresa Sanjuán, que en noviembre de 2023 abordó el tema en Valencia y en enero de 2024 presentó un expediente informativo sobre el edificio, pero desde entonces nada más se ha sabido. Con la antigüedad del problema sería injusto echarle la culpa a un político o a un partido, aquí la desidia y la ineficacia tiene muchos colores, siglas y nombres propios.
Son encomiables los trabajos que se desarrollan desde la concejalía de la Vivienda, pero se necesita dinero, sin el letargo de los fondos europeos, para dar soluciones a quienes las necesitan. Y otro tema, que no se puede ignorar, es el de los edificios de la iniciativa privada, que llevan años cerrados y tabicados, mientras las listas de espera para una vivienda social siguen aumentando.