Septiembre marca un punto de inflexión en el futuro de la peatonalización del Centro
En las próximas semanas se resolverán las alegaciones a la nueva ordenanza, mientras el Ayuntamiento insiste en que la medida solo saldrá adelante si existe consenso político y social
El futuro de la peatonalización del centro histórico de Alcoy entra este septiembre en un período clave. Así lo ha señalado el concejal de Movilidad, Jordi Martínez, que en declaraciones a este periódico ha puesto sobre la mesa que el Ayuntamiento deberá resolver de forma inminente las alegaciones presentadas a la nueva ordenanza y trasladar las respuestas tanto a vecinos como a los grupos políticos. Una vez completado ese trámite, estará lista para pasar al pleno y someterse a votación, lo que marcará un antes y un después en uno de los debates municipales más intensos de la última década.
Martínez ha subrayado que el equipo de gobierno responderá únicamente a cuestiones de carácter técnico, dejando al margen consideraciones políticas. “Nos centraremos en dar soluciones técnicas a las objeciones planteadas”, ha recalcado, recordando que la decisión final será política y que, como ya avanzó el alcalde Toni Francés, la ordenanza solo se aprobará si existe consenso.
La segunda ordenanza de peatonalización, presentada en febrero de este año, introdujo cambios significativos respecto a la primera norma anulada por la justicia. Entre las principales novedades se encuentran la libertad horaria para los vecinos —siguiendo itinerarios concretos— y la exclusión definitiva de la calle Sant Nicolau del ámbito de la peatonalización. Precisamente, una de las alegaciones más repetidas en el proceso actual reclama un único sentido de circulación en la vía. El Ayuntamiento deberá ahora dar respuesta a esta y otras propuestas, en un contexto en el que las asociaciones de comerciantes y vecinos continúan divididas respecto a las soluciones planteadas.
La posición del gobierno municipal ha sido clara desde junio, cuando Francés reafirmó que la peatonalización “solo se hará si hay consenso”. El alcalde insistió entonces en que el objetivo prioritario es la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), obligatoria por ley en ciudades de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Alcoy.
La cautela del ejecutivo local no es casual. Conviene recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó en 2023 la primera ordenanza de peatonalización, aprobada en 2021, al considerar que se había vulnerado el principio de participación ciudadana. Aquella decisión supuso un fuerte revés para el Ayuntamiento, que se vio obligado a reiniciar todo el proceso administrativo con un escrupuloso cumplimiento de los mecanismos de consulta y exposición pública.
Desde entonces, el consistorio ha hecho especial hincapié en la transparencia y la participación. En verano de 2024 se abrió una consulta pública previa que recogió 128 escritos de vecinos y entidades, y posteriormente se habilitó un nuevo plazo de 20 días para presentar alegaciones al texto publicado en febrero de 2025.
OBRAS EN MARCHA Y ZBE
Mientras el debate político y social continúa, el Ayuntamiento ha seguido ejecutando intervenciones en el Centro con el objetivo de avanzar hacia un modelo urbano más sostenible. Calles como Sant Francesc y Sant Josep ya se han adaptado al formato peatonal en los últimos años, y actualmente están en curso las obras en Joan Cantó y su entorno. Estas actuaciones incluyen la instalación de plataforma única —sin distinción entre acera y calzada— y bolardos inteligentes que serán gestionados por la Policía Local para permitir únicamente el acceso a residentes y vehículos autorizados. Según Martínez, se trata de pasos concretos hacia una ciudad “más amable, accesible, que recupere espacios para el peatón y reduzca los niveles de contaminación”.
En paralelo, el Ayuntamiento trabaja en el diseño de la Zona de Bajas Emisiones. El documento ya está redactado, aunque el edil de Movilidad ha evitado dar detalles hasta que lo conozcan los grupos políticos. Sí ha adelantado que se prevé un período inicial de adaptación y sensibilización a la ciudadanía de entre dos y tres años.
Así las cosas, el reto será conjugar la obligación legal de implementar una ZBE y la necesidad de alcanzar un acuerdo amplio entre vecinos, comerciantes y partidos políticos. Los antecedentes de este proyecto muestran lo difícil que resulta conciliar intereses tan dispares. Ahora, con septiembre como mes decisivo, todo dependerá de si las soluciones técnicas a las alegaciones logran acercar posturas lo suficiente como para que el pleno apruebe la ordenanza. De lo contrario, la peatonalización seguirá en suspenso, y el Ayuntamiento se centrará en la implantación de la ZBE como mandato ineludible de la normativa estatal.