Alcoy instará al Gobierno central a duplicar la inversión en vivienda hasta el 1% del PIB

El Ayuntamiento de Alcoy ha celebrado este viernes un pleno municipal con una intensa carga política en varios de los puntos debatidos, aunque también hubo espacio para acuerdos unánimes y cuestiones vecinales. El problema de la vivienda y la situación del centro de educación de adultos Orosia Silvestre centraron parte de la sesión, junto con un debate encendido sobre la inviolabilidad de la monarquía.

Uno de los momentos destacados fue la aprobación de una moción de Guanyar que instaba a la eliminación de los aforamientos y la inviolabilidad de la Monarquía. Aunque la propuesta salió adelante con el respaldo de PSOE y Compromís, el debate evidenció profundas diferencias entre bloques. PP se abstuvo y Vox votó en contra, cargando duramente contra el PSOE aludiendo al caso Koldo y vinculando a Guanyar con el Gobierno central. Desde el PSOE, el vicealcalde Jordi Martínez defendió que el aforamiento no supone impunidad, y criticó que la derecha evitara abordar el fondo del asunto. La enmienda introducida por Guanyar para sustituir la palabra “monarquía” por “jefe del Estado” fue rechazada por PP y Vox.

En materia de vivienda, el pleno aprobó una moción del PSOE que incluye una enmienda de Guanyar para instar al Gobierno central a duplicar el esfuerzo inversor en este ámbito, pasando del 0,5% al 1% del PIB. Esto supondría, según los cálculos del grupo proponente, una inversión de hasta 65.000 millones de euros entre 2026 y 2029. La propuesta recibió el apoyo de Compromís y Guanyar, mientras PP y Vox votaron en contra. Desde el PP se criticó que “en los años de gobierno socialista no se ha hecho nada”, a lo que el alcalde Toni Francés respondió con un repaso de las inversiones ejecutadas o en marcha, cifradas en 16 millones de euros.

Otra moción socialista, en este caso en defensa del centro de educación de personas adultas Orosia Silvestre, también fue aprobada. En ella se pide una revisión de los ajustes de plantilla previstos por la Conselleria de Educación para el próximo curso, que según denunció el propio centro, conllevarían una pérdida de profesorado. Alberto Belda, concejal de Educación, justificó la moción por la preocupación trasladada por el profesorado. PP, que votó en contra, negó que haya un recorte, asegurando que la planificación aún no está cerrada, y habló de una “mala interpretación intencionada”.

Por otra parte, se aprobó por unanimidad una moción del PP para rehabilitar integralmente las instalaciones de la oficina municipal de información al consumidor (OMIC), actualmente en un estado “lamentable”, con grietas, humedades y mobiliario obsoleto, tal y como denuncian los populares.

Desde Vox, se presentó una moción para instalar juegos de agua infantiles en espacios públicos como medida de alivio frente al calor veraniego. La propuesta se transformó en declaración institucional, lo que permitió el acuerdo de todos los grupos.

Serelles, Preventorio y La Canal

En el apartado de ruegos y preguntas, el pleno abordó varias cuestiones vecinales. El PP pidió reforzar la presencia policial en zonas como Serelles y el Preventorio, donde aseguran que se producen conductas incívicas durante la noche, como carreras de motos y acumulación de basura, respectivamente. El gobierno aceptó el ruego y anunció que también abordará con la Policía Nacional la creciente preocupación por la inseguridad y actos vandálicos en el centro histórico. Según explicó el concejal de Seguridad, Raül Llopis, se han producido robos, incluso de elementos como picaportes de puertas antiguas.

Finalmente, el pleno también abordó, a propuesta de Guanyar, el reciente protocolo firmado con la Generalitat Valenciana para estudiar el desarrollo de suelo industrial en la zona sur de La Canal. El alcalde defendió que se trata solo de una “declaración de intenciones” para analizar una posible alternativa ante la falta de suelo industrial en la ciudad. Recordó que ya hay tres empresas interesadas que necesitan unos 40.000 metros cuadrados, y que el espacio previsto en el nuevo Plan General, en la zona de Pagos, no será suficiente en el futuro. Aunque Guanyar mostró su oposición al proyecto por la posible afección al acuífero del Molinar, Francés aseguró que ningún estudio prohíbe completamente la actividad económica en la zona, y que se está trabajando en una figura legal para garantizar su protección.