Alcoy opta por delegar la gestión del agua hasta consolidar la empresa pública

El gobierno municipal ha sacado adelante con holgura –18 votos a favor, 6 en contra y una abstención– su propuesta para continuar con la gestión indirecta del servicio

Alcoy opta por delegar la gestión del agua hasta consolidar la empresa pública
Pleno municipal del pasado viernes.

El debate plenario en torno al modelo de gestión del servicio de agua potable en Alcoy tuvo dos frentes claramente posicionados a favor de las dos opciones sobre la mesa. Por un lado, Compromís y Guanyar abanderando la municipalización del servicio, como reivindican también desde la plataforma Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l’Aigua. Del otro lado, el gobierno municipal (PSOE), que ayer contó con el apoyo de toda la derecha, a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo en la votación, y alineado en la postura que viene defendiendo en los últimos meses: el estudio de viabilidad encargado a petición de Podem concluye que la gestión directa no reduciría lo que pagan los ciudadanos por el servicio, ni este se vería mejorado técnicamente, puesto que como apunta el propio informe, el servicio requiere de una elevada especialización difícilmente asumible por el Ayuntamiento.

Y en medio de estas dos posturas enfrentadas, Podem, que pese a votar en contra de continuar con la privatización del servicio por motivos ideológicos, reconocen, por un lado, las “dificultades” de la gestión directa, y por otro, “somos conscientes de que la empresa pública necesita un recorrido, madurar” antes de asumir la competencia del servicio, señalaba el portavoz de la formación morada, Cristian Santiago, que no ocultaba su “decepción” al no haber logrado la pretendida remunicipalización del servicio.

Al respecto de la posibilidad de que el Ayuntamiento asuma la gestión del servicio a través de la empresa pública, el concejal de Obras y Servicios y vicealcalde, Jordi Martínez, explica que el hecho de que se esté trabajando en esta cuestión supone que, una vez estuviese consolidada la empresa pública, podría plantearse el que se encargara de la gestión del agua, “pero siempre que se garantizara el mismo nivel de atención que se facilita desde una empresa especializada”.

Cabe indicar que a la hora de hablar de los motivos por los que desde el gobierno socialista se opta por seguir externalizando la gestión es, por una parte, que “la experiencia de la gestión delegada es positiva, no suele haber quejas del servicio y, por tanto, ante unas condiciones técnicas que son muy especializadas en materia de calidad del agua, consideramos que la mejor gestión es la indirecta”. Por la otra, Martínez incide en las razones económicas y técnicas: “Hay que tener en cuenta que en Alcoy se trata de un complejo servicio por la propia singularidad de la ciudad, con factores como la legionela, las tuberías de fibrocemento y la orografía, y es arriesgado prestarlo directamente desde la Administración, pues tendría los impedimentos propios de la contratación, a la vez que hay que tener en cuenta que la empresa privada tiene, en este tema, un mayor conocimiento de la tecnología necesaria para prestar el servicio en las mejores condiciones, así como una mayor capacidad para solucionar las posibles incidencias en menor tiempo”.

Decisión política
Los argumentos del gobierno municipal los comparte el concejal no adscrito, Marcos Martínez, quien aseguraba que el debate sobre la fórmula de gestión “no está en la calle porque el servicio es eficiente”, apuntando que “a la gente no le preocupa” una decisión de “interés político y no por el bien de los ciudadanos, como nos venden”, en clara referencia a las reivindicaciones de Compromís y Guanyar, y su apoyo a la plataforma Aigua Pública.

Estos últimos acusaban al gobierno socialista de “irresponsables” por “no hacer caso a la ciudadanía” y mantener la gestión privada “sin datos objetivos” ni una auditoría. Al respecto, el concejal de Guanyar Pablo González, reitera que el estudio de viabilidad ha sido “dirigido” con el “único propósito de aprobar una nueva privatización”. “No es que no se pueda, es que no se quiere” municipalizar el servicio, añade González.

Elisa Guillem (Compromís) opina que con la decisión aprobada el viernes “estamos dando un cheque en blanco a una empresa” de la que cuestiona la gestión en estos años y a la que acusa de “malgastar el agua de este pueblo”. “En tres años Alcoy pierde la capacidad del pantano de Beniarrés”, afirma. Al mismo tiempo, cuestiona que el gobierno “se empeñe en hacer esto de una forma tan rápida”, reprochándole además la falta de control de la contrata en estos años.

En términos similares se expresaba Quique Ruiz, portavoz del Partido Popular, que justificaba su apoyo a la propuesta de los socialistas “entendiendo la decepción” de los colectivos ciudadanos que se han pronunciado a favor de la municipalización, ya que en palabras de Ruiz “el PSOE ha permitido durante dos años prorrogar un contrato de poca calidad y eficiencia”.

Se abre un proceso participativo
A partir de ahora, el siguiente paso será trabajar en el pliego de condiciones para sacar a concurso el servicio, para lo cual el gobierno municipal anuncia la puesta en marcha de un proceso participativo para recoger propuestas ciudadanas respecto a la prestación del servicio. El objetivo es que el nuevo contrato entre en funcionamiento de cara al verano, puesto que la segunda prórroga de la actual contrata finaliza en julio de este año.

Hay que señalar que lo que saldrá a concurso es el mantenimiento de la red de distribución. “En ningún momento lo que saldrá a concurso es la titularidad del agua, puesto que la propiedad de la misma es de todos los alcoyanos y alcoyanas, y así seguirá siendo”, puntualizaba el portavoz socialista al hilo de las críticas vertidas en la última semana por la plataforma Iniciativa per l’Aigua, que ha recibido el apoyo de la Red Agua Pública y la Xarxa Valenciana per l’Aigua Pública, que reclamaban al Ayuntamiento un proceso de participación pública para decidir el modelo de gestión amparándose en los derechos humanos y el agua como bien público.

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