Centros y familias se plantan ante la UA por la supresión de la selectividad en Alcoy
Institutos y asociaciones de padres reclaman que se mantenga la sede de las PAU y acusan a la Universidad de actuar de forma unilateral y sin sensibilidad hacia las comarcas del interior
La decisión de la Universitat d’Alacant (UA) de centralizar las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en el campus de Sant Vicent del Raspeig a partir de este curso ha provocado una fuerte contestación en la comarca de l’Alcoià-Comtat. Centros educativos, asociaciones de madres y padres y ayuntamientos, han unido fuerzas para exigir a la institución académica que rectifique y mantenga la sede de los exámenes en Alcoy, donde se venían celebrando desde hace más de cuatro décadas con una organización considerada modélica.
El conflicto se desató en julio, cuando la UA comunicó su decisión de suprimir los tribunales de Alcoy alegando motivos de “seguridad, equidad y calidad organizativa”. Según el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado, el modelo centralizado permitiría aplicar protocolos homogéneos y mejor supervisados, además de optimizar los recursos humanos y económicos. Sin embargo, el anuncio, adoptado sin consulta previa a los centros, fue recibido con indignación en la comarca.
La pasada semana, diez centros educativos —siete de Alcoy, uno de Muro, uno de Cocentaina y otro de Banyeres de Mariola— han hecho pública una carta abierta en la que muestran su “absoluto desacuerdo” con la medida y piden a la rectora de la UA, Amparo Navarro, que reconsidere la decisión. Los claustros docentes y las asociaciones de familias denuncian que se trata de una medida “unilateral” y “poco fundamentada”, que no tiene en cuenta la realidad geográfica ni social del territorio.
“Llevamos más de cuarenta años organizando las PAU en Alcoy con total normalidad y eficacia. Poner en duda la competencia de nuestros tribunales es poco menos que insultante”, afirman los centros en el documento. Argumentan, además, que trasladar a los cerca de 400 alumnos afectados hasta Sant Vicent durante tres días supondrá un coste económico y logístico inasumible para muchas familias, obligadas a contratar autobuses o realizar largos desplazamientos diarios.
Los docentes también subrayan el componente emocional y simbólico de la protesta. “Someter al alumnado a un estrés adicional en un momento clave de su vida, en un entorno desconocido, es injustificable. Alcoy ofrece un contexto seguro, próximo y adecuado para realizar las pruebas”, señalan. En la carta se critica asimismo la incoherencia de una universidad que “pretende impulsar campus y sedes en el territorio mientras desmantela su presencia efectiva en las comarcas del interior”.
A la ofensiva académica se ha sumado la plataforma ‘Les PAU a casa’, integrada por asociaciones de madres y padres de los institutos afectados. En un comunicado remitido el pasado martes, el colectivo califica la decisión de la UA como “un grave perjuicio social, económico y académico” para el alumnado y reclama a la institución “que devuelva las PAU a casa”. Según la plataforma, el traslado vulnera los principios de igualdad y proximidad, especialmente para los estudiantes de pueblos pequeños como Planes o L’Orxa, que deberían invertir más de hora y media diaria en desplazamientos.
“Muchos alumnos no disponen de transporte público ni de recursos para afrontar tres días de viaje. No se puede hablar de equidad cuando se obliga a recorrer 80 kilómetros para hacer un examen”, señala la portavoz del movimiento.
El malestar también ha llegado a las instituciones locales. Los ayuntamientos de Alcoy, Cocentaina, Muro y Banyeres han mostrado públicamente su rechazo a la medida y han pedido a la Conselleria de Educación que intervenga. El pleno del Ayuntamiento de Alcoy aprobó en agosto una declaración institucional unánime en defensa de la continuidad de la sede, con el respaldo de todos los grupos políticos. “Esta decisión supone una involución y un agravio para nuestro alumnado”, señaló el alcalde Toni Francés, quien advirtió del impacto emocional y económico que el cambio acarreará para las familias.
La rectora de la UA se reunió en septiembre con los alcaldes afectados y acordó crear una comisión de trabajo para analizar soluciones. Pese a ello, la universidad mantiene por ahora su plan de centralización.