El PP insta a defender la educación concertada en Alcoy

Mediante una moción que presentará al pleno de diciembre

El PP insta a defender a la concertada en Alcoy
Lazo reivindicativo contra la Ley Celaá en un colegio de Alcoy

El Partido Popular de Alcoy presentará una moción al Pleno de diciembre en la que insta al Gobierno de España a modificar la reforma educativa, conocida como Ley Celaá, para “aumentar la calidad del sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de las familias, recogidos en la Constitución”, señalan.

El PP sostiene que el Ayuntamiento “debe manifestarse en contra de una legislación que suprime la demanda social a la hora de ofertar plazas educativas, lo que pone en riesgo la educación concertada, a la que pertenece el 80% de los centros de la ciudad. Alcoy es un ejemplo claro de cómo los centros concertados garantizan una oferta plural complementaria a la red pública”, explica el portavoz del PP, Enrique Ruiz.

El PP advierte de que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) o Ley Celaá ha sido tramitada por el Gobierno de Pedro Sánchez “a espaldas de la comunidad educativa y de la sociedad española: inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y no ha sido informada por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado. Además, el Gobierno se ha negado a que expertos y representantes de la comunidad educativa informaran y asesoraran a la Comisión de Educación del Congreso”, remarca. 

El Partido Popular considera que la LOMLOE es un “ataque frontal” a la democracia y “un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores”.

En la moción, el grupo municipal popular propone, entre otros acuerdos, instar al Gobierno de España a volver al Pacto Constitucional en materia educativa y “respetar la doctrina constitucional que garantizan el derecho de las familias a elegir modelo educativo y centro donde escolarizar a sus hijos. También plantea respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones”, detallan. 

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