Ibi desbloquea la urbanización del Alamí

El ayuntamiento y la empresa han llegado a un acuerdo para reiniciar las obras en la zona y finalizarlas

Ibi desbloquea la urbanización del Alamí
Los propietarios podrán empezar construir durante el 2021

El Ayuntamiento de Ibi y la entidad mercantil Grupo Generala de Servicios Integrales, Proyectos Medioambientales, Construcciones y Obras S.L., denominada socialmente BETULA, Servicios Integrales, S.L. han llegado a un acuerdo, ratificado en Pleno ordinario de la corporación municipal, por el que queda desbloqueada la urbanización del Alamí en Ibi, reiniciándose las obras en la zona para su completa finalización. Tras más de 10 años de paralización y litigios, los propietarios de terrenos podrán comenzar la construcción de sus viviendas durante el próximo año. 

Después de numerosos procedimientos judiciales, que dieron comienzo en 2013 y finalizaron en 2019 con auto del Tribunal Supremo, el Grupo Generala recupera la condición de agente público urbanizador del Programa para el Desarrollo de la Actuación Integrada (PDAI) del sector PR 27/28/29/30 del PGOU de Ibi, revocada por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno de 24 de junio de 2015 al declararse la caducidad de la adjudicación de la condición de agente urbanizador. Tras las intensas negociaciones de los últimos meses, con el objetivo de evitar la conflicitividad y reiniciar las obras que restan por ejecutar en el PDAI del sector, se ha logrado llegar al acuerdo que desbloquea y permite finalizar una de las zonas de expansión urbanística de la localidad, obras de urbanización de indiscutible interés público. 

El teniente de alcalde de Urbanismo, Santiago Cózar, mostraba su satisfacción por haber podido acercar posiciones durante las abundantes y duras negociaciones de estos meses y llegar finalmente a un acuerdo que calificaba de productivo para ambas partes. En definitiva, considera que el acuerdo es ventajoso para el Ayuntamiento, teniendo en cuenta la reducción en más de un 80% de la cuantía que inicialmente reclamaba la empresa, más de 8 millones de euros, y la eliminación de la conflictividad judicial.

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