Los usuarios envían a Conselleria propuestas de mejora de ‘BusCo’
El Ayuntamiento de Alcoy acusa a la administración autonómica de incumplir su propia ley puesto que no ha habido colaboración con los órganos locales

La polémica por el nuevo servicio de transporte comarcal, ‘BusCo’, sigue servida. Después de que la pasada semana la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, introdujese algunos cambios, el Ayuntamiento de Alcoy ha acusado a la citada conselleria de incumplir su propia ley al no haber solicitado la colaboración previa con los órganos locales competentes, y por otro lado, la Plataforma de Afectados por el Transporte Público, ha remitido a esa misma conselleria una amplia y detallada propuesta con medidas extraídas de las peticiones de los propios usuarios, tal y como se acordó en la reunión mantenida a finales de julio de la plataforma con el conseller.
En este sentido, la propuesta contempla sugerencias respecto a las distintas líneas.
En el caso de la referente a Muro-Cocentaina-Alcoy, solicitan el restablecimiento de todas las paradas consideradas tradicionales, así como que haya una en el exterior de la estación de autobuses de Alcoy. Acerca de los horarios, consideran “imposible” una frecuencia de 30 minutos, puesto que la duración media “se acerca a los 45 minutos”.
Sobre esto, han planteado tres alternativas y solicitan una “duración real” para que no se produzcan retrasos.
En cuanto a las líneas comarcales señalan que “la situación es francamente insostenible para los usuarios” con la eliminación de algunos horarios muy destacados o también la desaparición de los abonos de transporte multiviaje y mensual. En este sentido piden “restablecer de inmediato” las paradas anteriores y la ampliación de los horarios.
El documento también aborda las líneas que van a Alicante y a Valencia.
INCUMPLIMIENTO DE LA LEY
Por lo que respecta a las acusaciones del consistorio alcoyano, señalan que en algunos artículos de la Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunidad Valenciana, se establece que se debe solicitar un “informe previo del Ayuntamiento correspondiente” en lo referido a los servicios de transporte público interurbanos, así como se pauta la coordinación administrativa.
El Ayuntamiento denuncia que ha habido “falta de información, colaboración y respeto institucional en la gestión del transporte público interurbano”.
En cuanto a los últimos cambios introducidos, que entraron en vigor el lunes de la pasada semana, el consistorio argumenta que en “esta ocasión, la Conselleria sí ha solicitado informe al Ayuntamiento, pero de forma que resulta imposible cumplir con la ley, ya que la petición de informe no llegó hasta el pasado jueves 14 de agosto, un día hábil antes de que entraran en vigor los cambios, y dando al Ayuntamiento solo 15 días para informar. Por lo tanto, la Conselleria ha impuesto los cambios sin contar con el informe previo del Ayuntamiento”.
El alcalde, Toni Francés, resume que la conselleria puso en funcionamiento el nuevo servicio “no solo sin informar al Ayuntamiento, sino que, lo más grave, incumpliendo la Ley de Movilidad Valenciana, ya que antes de introducir los cambios deberían haber solicitado los informes correspondientes”.