Modifican la ordenanza fiscal del polideportivo
El acuerdo fue aprobado por mayoría absoluta con los votos favorables de Compromís y el Grupo Socialista, y los votos en contra del Grupo Popular

El Ayuntamiento de Banyeres de Mariola ha aprobado provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de la piscina municipal y las instalaciones deportivas. Según se explicó, el objetivo principal de esta modificación era adaptar las tarifas a un sistema más claro y normalizado que permita a los usuarios conocer con certeza el importe que deben abonar por el uso del polideportivo.
La propuesta pretende, básicamente, simplificar y evitar contradicciones en la interpretación de los conceptos tarifarios. La portavoz del Grup Municipal Compromís expresó su respaldo, mientras que el portavoz del Grupo Municipal Socialista también anunció su voto favorable, señalando que “se había tenido en cuenta la opinión de los concejales y que no se habían modificado los importes.
En cambio, la portavoz del Grup Municipal Popular manifestó su rechazo a la modificación, argumentando que “los ingresos derivados del polideportivo correspondían a servicios que no reportaban gran beneficio al ayuntamiento, en lugar de recaudar como era debido a través de «licitaciones» que estaban pendientes desde hacía años”.
Mismos precios
Ante esta afirmación, el alcalde recordó que “los precios no han cambiado en absoluto, por lo que no hay intención de incrementar la recaudación, sino de dotar de mayor seguridad jurídica a los conceptos vinculados al uso del polideportivo”.
El concejal de Deportes, por su parte, ratificó esas palabras y explicó que, como medida adicional, se ha previsto la incorporación futura de una tarjeta de acceso que permitirá mejorar el control y seguimiento del uso de las instalaciones.
Por mayoría
El acuerdo fue aprobado por mayoría absoluta con los votos favorables de Compromís y el Grupo Socialista, y los votos en contra del Grupo Popular.
El texto de la ordenanza se ha sometido a información pública durante 30 días, plazo en el que los interesados podrán presentar reclamaciones. Si no se presenta ninguna, la aprobación se considerará definitiva, procediéndose a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.