Acuerdan una tercera y última prórroga del contrato del agua

En el Pleno del pasado viernes, Compromís, Guanyar y esta vez, hasta Podem, votaron en contra de una tercera y definitiva prórroga del actual contrato del servicio de mantenimiento del agua pública en Alcoy, que data del año 2000 y, cabe recordar, se encuentra en período de renovación. Un trámite que el gobierno municipal sacó adelante en esta ocasión contando, incluso, con el apoyo del principal partido de la oposición, el PP, que acabó votando a favor pese a criticar con dureza la gestión de los socialistas en este tema. Quique Ruiz, portavoz popular, remarcó que el contrato del agua es “otro ejemplo que demuestra la forma de gobernar del PSOE”, al que acusó de “desidia” y “falta de solvencia” a la hora de solventar el estado de “provisionalidad” en que se encuentra el actual servicio por parte de la adjudicataria, Aqualia.

Ruiz reprochó al gobierno la falta de fiscalización a la empresa, argumentando que “el 43% de la red está para cambiar”, “se pierden un millón y medio de metros cúbicos, el equivalente a lo que se extrae del Molinar”, a la vez que “la mitad de los contadores está para sustituir”, aseguró. Con todo, anunció que el voto sería favorable si el gobierno se comprometía a establecer un calendario de trabajo donde se estipulara cuándo podría licitarse el nuevo contrato.

Mientras, del lado de Guanyar votaban en contra al entender que “no es el camino”, insistiendo de nuevo en las denuncias de la plataforma ciudadana Aiguapública “certificadas”, recuerdan, por la Agencia Antifraude, al tiempo que reclaman un “modelo de gestión participado”. Al respecto, Podem –que las anteriores veces había dado un voto “de confianza” al gobierno– lamentaba en esta ocasión no “ver ese intento de recuperación” del servicio a través de la remunicipalización del mismo, de ahí su voto en contra. Mientras, Màrius Ivorra (Compromís) hacía lo propio esgrimiendo argumentos como que “la falta de planificación” del gobierno “nos está costando dinero a todos los alcoyanos”, apuntando que “están cómodos haciendo prórrogas”.

Por parte del gobierno, Jordi Martínez rebatía que “las prórrogas forman parte del contrato inicial” y que “se ha estudiado el modelo de gestión”, respondiendo así a Podem y Guanyar. Respecto al calendario que se muestra dispuesto a acotar, advierte que “nos vamos a un año como mínimo”, y defiende todos los contratos que habrá “sacado adelante” al terminar la legislatura –agua, autobús, parques y jardines, mantenimiento de calles–, incluso se atrevía a afirmar que también el Plan General verá la luz en el presente mandato de los socialistas.

En otro orden de cosas, el gobierno también dio luz verde el pasado viernes a la compensación económica que FCC, la concesionaria de la basura, recibe por cumplir objetivos, en este caso, la retribución correspondiente a 2021, que se eleva a algo menos de 150.000 euros, tras una penalización de cerca de 23.000 euros. La oposición, exceptuando el PP que votó a favor, se abstuvo alegando, la mayoría, discrepancias con el servicio que presta la empresa, si bien en esta ocasión la gestión llega avalada por una auditoría externa, a diferencia de anteriores años, cuando era el propio departamento municipal el que supervisaba los trabajos y la oposición denunciaba que el control a FCC era insuficiente. De ahí el apoyo de los populares dado que “por fin hay control real y objetivo”.