Decepción en el Colegio de la Abogacía

Las medidas procesales y organizativas del RDL 16/2020 publicado en el BOE de 29/04/2020 han supuesto un serio revés en las expectativas puestas por el colectivo de la abogacía en el modo en que se iba a proponer la vuelta a la normalidad en justicia.

Contrariamente a lo que pueda parecer, ni son medidas efectivas, ni se ajustan a la realidad de los medios con que cuenta la administración de justicia, ni van a paliar en lo más mínimo el atasco producido en estos ya casi dos meses de inactividad y lo que nos quede.

La gran medida contra el atasco es declarar hábil a efectos de actuaciones judiciales los días 11 a 31 de agosto, medida a la que la abogacía se había opuesto con rotundidad. Se dice que los abogados y abogadas no quieren trabajar en agosto. No es cierto. Lo que queremos es que las medidas sean eficaces y efectivas, pensando en la ciudadanía, en el justiciable, y éstas no lo son. Señalar juicios en agosto es ir contra los ciudadanos y la abogacía que los representa y defiende, es una medida inoperativa que además, atenta a su derecho al descanso y a la conciliación familiar.

Además, de nada sirve declarar el mes de agosto hábil si el propio RDL reconoce que solo será una medida efectiva si existe la debida coordinación entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas, porque se han de respetar los turnos y periodos de vacaciones de jueces, fiscales, LAJ, funcionarios. No nos parece aceptable que ciudadanía y abogacía tengan que estar plenamente disponibles en el mes de agosto y el resto de los operadores jurídicos no. En este sentido, era mucho más coherente la propuesta del CGAE de concentrar los periodos vacacionales de todos los operadores jurídicos en agosto para que fuera de ese mes pudiera trabajarse a pleno rendimiento.

Y no podemos olvidar que, la Abogacía en ningún momento ha dejado de trabajar y prestar sus servicios a la ciudadanía y, especialmente, hay que romper una lanza por los Abogados del Turno de Oficio Penal, que están dando el “do de pecho” durante la pandemia y con su esfuerzo y sacrificio (igual que otros muchos profesionales muy encomiables de otros ámbitos, aunque no recibiendo igual reconocimiento por parte de la sociedad), exponiendo su salud, han garantizado los derechos fundamentales de toda la ciudadanía que por diversos motivos se ven inmersos en procedimientos penales, investigados o detenidos, víctimas de violencia de género, etc. Velando, en resumen, por la justicia y su debido ejercicio.

Hoy por hoy y, a excepción de las actuaciones declaradas urgentes por el decreto de alarma, la justicia sigue paralizada, con los señalamientos y plazos suspendidos desde que se decretó el estado de alarma, sin conocer cómo va a ser la vuelta a la normalidad, cuando se contará, no ya con el refuerzo humano que va a ser necesario si se quiere solucionar el atasco, sino con la plena disponibilidad de toda la plantilla, cómo va a ser nuestra particular desescalada, la vuelta a la normalidad. ¿De verdad se piensa que tres semanas van a solucionar tres meses? Primero volvamos a la normalidad, con todos los medios humanos y materiales necesarios y con plenas garantías para dar cumplimiento a las medidas de salud y luego, con la maquinaria engrasada y a pleno rendimiento, exijamos sacrificios y colaboración.

Porque no hay que llevarse a engaño, tampoco nos sirven las medidas tecnológicas aprobadas. La justicia no está preparada. No lo ha estado ni para el teletrabajo. ¿Cómo vamos a pasar de la nada al todo en transformación digital? ¿Dónde está la varita mágica que va a permitir que los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas y, en general, todos los actos procesales, se realizarán preferentemente mediante presencia telemática? Porque ni se tienen medios en los distintos partidos judiciales ni se esperan.

Insistimos, sin recursos humanos ni medios materiales, sin invertir, y mucho, en justicia, la vuelta será lenta, desorganizada y caótica. Un fracaso, mal que nos pese, donde la declaración de agosto como hábil contribuirá a generar una mayor distorsión y problema a la ya preocupante situación actual de la justicia, que el producto de un mal endémico que se arrastra desde mucho tiempo antes de la aparición de la pandemia.

Desde el principio se ha tendido a olvidar a nuestro colectivo, a la abogacía, que es precisamente el colectivo al lado del ciudadano, del justiciable, por y para el que la justicia trabaja. Y eso es un error de bulto. Somos uno de los operadores jurídicos y conocemos de primera mano las carencias, necesidades y fallos en la justicia. Exigimos que se nos escuche para que las soluciones sean eso y no solo papel mojado, pedimos soluciones efectivas y prácticas, por el bien de toda la ciudadanía.

Ricardo de la Encarnación es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy