Acuerdo para legalizar la plaza de La Rosaleda 17 años después
El gobierno municipal del PSOE y la Colla Ecologista La Carrasca han alcanzado un consenso que va a permitir legalizar la plaza de La Rosaleda, 17 años después de que se pusiera en marcha una reforma de este espacio de la ciudad que desde un primer momento contó con voces en contra.
Y es que los ecologistas consideran positivo el anteproyecto que les ha presentado el gobierno municipal para legalizar La Rosaleda, redactado por el arquitecto Ciro Vidal, apuntando la portavoz de la Carrasca, Júlia Moltó, que cumple con los mínimos que exige la sentencia, y que permite recuperar zona verde, disponer una capa de tierra de un determinado espesor y que quede a ras. Una de las cuestiones que más preocupaba era la de tener que realizar demoliciones que pudieran afectar a las plazas de aparcamiento y rebajar la oferta, lo que podría provocar un conflicto con la concesionaria. Esta circunstancia no se da en el anteproyecto presentado, sino que sucede lo contrario, puesto que el diseño redistribuye el espacio al eliminar unos forjados y con ello incluso gana plazas de aparcamiento y mejora las de personas minusválidas. Con todo, Júlia Moltó señaló que desde la Colla Ecologista La Carrasca están “totalmente de acuerdo” con el anteproyecto. La propuesta también mantiene el kiosco.
Coste estimado de 1,5 millones
Ahora este anteproyecto debe ser remitido al Tribunal para que lo ratifique, un trámite que previsiblemente se resolverá de manera satisfactoria, al haber acuerdo entre las partes. A partir de ahí se trabajará en la redacción del proyecto definitivo, que será el que se ejecute para poder legalizar la plaza de La Rosaleda y será en ese momento cuando se sepa el coste de la actuación, si bien en una primera aproximación se estima que puede ser de alrededor de 1,5 millones de euros.
Fue en 2001, con gobierno municipal del PP, cuando se aprobó el proyecto para reformar La Rosaleda y en 2005 el Tribunal dictó que no se adaptaba a la normativa urbanística. En 2010, la Colla Ecologista La Carrasca pidió al Ayuntamiento que iniciara un proceso para exigir responsabilidades a la empresa, a los políticos y a los técnicos, pero en ese momento el PP contaba con mayoría absoluta y lo rechazó.
En 2012, el nuevo gobierno municipal inició dicho el proceso para depurar responsabilidades de la empresa y en 2014 el Juzgado rechazaba el contencioso presentado por la empresa y daba la razón al Consistorio, por lo que la firma –una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Ortiz e Hijos y Auplasa, según apuntó el alcalde, Toni Francés, en ese momento– debía pagar alrededor de la mitad del coste de esta actuación de reforma, que entonces se cifraba en 450.000 euros.
En ese momento, el gobierno de Toni Francés apuntó que su objetivo era exigir que el resto del coste de la obra y otros trámites para la reforma lo pagaran los 13 concejales que habían aprobado el proyecto, y consideraban que el responsable político en primera instancia era el entonces concejal de Obras del PP Rafa Miró, quien formaba parte del gobierno junto al alcalde, Miguel Peralta, y los ediles Jorge Sedano, Amparo Ferrando, Fernando Pastor, Loli Alba, Trini Miró, Javier Castañer, Santi Botella, Mario Pons, Julio Fontoba y Arancha Revert, que aprobaron el proyecto, así como el concejal del Grupo Mixto Quico Carbonell, quien había dejado el PSOE. También explicaron desde el gobierno municipal que al iniciarse el expediente no había informes de técnicos municipales, por lo que no tienen responsabilidades.
Se han abordado diferentes propuestas para legalizar la plaza, si bien no han contado con la aprobación judicial ni de los ecologistas. Ahora, La Carrasca ha aceptado la propuesta que le ha presentado el gobierno, por lo que se desbloquea la resolución de esta cuestión al alcanzarse este acuerdo que puede calificarse de histórico.