Detenido el exdirector de la CAM Roberto López

«El» juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado la detención de cinco exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos el que fue su director general, el alcoyano Roberto López Abad, que ya ha sido detenido, según ha confirmado Europa Press, entre otros medios. El motivo son las presuntas irregularidades en la gestión de la caja que llevaron a su intervención por el Banco de España en julio de 2011.

La detención de Abad se ha efectuado a primera hora de la jornada. El citado juez investiga las irregularidades de la Caja y mantenía a una serie de ex-directivos como imputados. En el mes de junio les impuso una fianza de 35 millones de euros

Recordar que los gestores de la CAM comunicaron tres meses antes de su intervención unos beneficios de 38,9 millones. Luego se conocieron unas pérdidas de 1.136 millones.

Operación de la Guardia Civil
La Guardia Civil, bajo la dirección y coordinación del Juzgado Central de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en el marco de la operación “MAR NUESTRO”, ha procedido a la detención de nueve personas y a la imputación de otros once, en las provincias de Alicante, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia por presuntos delitos fiscales y societarios, apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Asimismo, la Unidad de la Guardia Civil adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en distintas fases, ha llevado a cabo diversos registros, entre ellos las sedes de las empresas concesionarias de los préstamos así como los domicilios de los principales responsables.

La investigación se inició en el año 2012 como consecuencia de una denuncia presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), una vez intervenida la Caja por el Banco de España, contra los antiguos directivos de la CAM por la supuesta concesión de varios préstamos a conocidos empresarios del Levante español eludiendo los procedimientos internos de control de la Caja.

Estos, a través de un entramado de empresas, fueron beneficiarios de varios préstamos que superaban el importe de 216 millones de dólares, concedidos para la compra de dos hoteles y varios suelos hoteleros en Méjico, República Dominicana y Costa Rica, para su posterior explotación. La CAM poseía el 30 % de las acciones del grupo empresarial que explotaba los hoteles.

Como consecuencia del análisis de la información recabada, se ha puesto de manifiesto la presunta creación de una estructura societaria, con el asesoramiento de varios despachos de abogados, que habría permitido derivar a un paraíso fiscal los beneficios de explotación de varios hoteles de lujo en el Caribe, estimándose en millones de euros la cantidad defraudada a la Hacienda Pública española.

La operación está siendo llevada a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa, apoyados por Unidades del Cuerpo de las zonas de actuación.

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