El PPE, la solución para los pensionistas
El Consejo de Ministros celebrado el viernes de la semana pasada aprobó la devolución del 26’2% de la paga extra que suspendió a los funcionarios españoles el año 2012. Este acuerdo incluye tanto a los de la Administración General como de las autonomías o Ayuntamientos. El 50% del resto de la extra que dejaron de cobrar estos trabajadores hace tres años el Gobierno espera hacerla efectiva a lo largo de 2016. La magnánima decisión del gobierno que preside Mariano Rajoy ha sido ampliada a la devolución a los funcionarios de los seis días de permiso para dedicarlos a asuntos propios; el espectacular acuerdo gubernamental se ha completado con el anuncio que en 2016 el sueldo de los funcionarios será aumentado hasta el 1%.
Con esta insólita medida Mariano Rajoy se divorcia (con perdón) de sus continuos consejos respecto de la moderación (bajada de salarios), austeridad (menos servicios públicos) e incluso reestructuración (o sea, Eres y despidos) que nos viene sermoneando a los españoles desde que accedió al poder en noviembre de 2011; ahora, por agravio comparativo, ha cometido un gravísimo error político ya que no tuvo en cuenta que al colectivo de jubilados y pensionistas españoles hace dos años nos rebajó el aumento de las pensiones hasta el 0’25 por ciento. Con lo bien que -asegura- está la economía española, a los pensionistas ni siquiera nos aumentará la pensión hasta el 1%.
A las clases pasivas de España, por decisión unilateral del gobierno del PP, nos anularon los derechos adquiridos por los Acuerdos de Toledo para no perder poder adquisitivo cada año por el crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC) anual. Rajoy y su gobierno, con su mayoría absoluta suprimieron este beneficio y la última regularización de las pensiones por crecimiento del IPC la cobramos los jubilados en 2009, cuando subió el 2’4%. El PP, desde que gobierna, ha empobrecido un poco más a millones de españoles con baja capacidad económica.
Muchos analistas políticos y no pocos ciudadanos consideran que esta decisión del gobierno de Mariano Rajoy es electoralista, o sea, busca conseguir más votos en las próximas elecciones generales. Si esto es así es posible que el PP pierda muchos votos de jubilados ya que tenemos que conformarnos con un miserable aumento del 0’25% anual, que según anunció hace tiempo Fátima Báñez, ministra de Empleo, y sin ruborizarse, “las pensiones aumentarán siempre mientras el PP gobierne”.
Me parece que Rajoy y sus muchachos/as se han equivocado. No por la restitución de parte de una paga extra que los funcionarios debieron de haber cobrado en su día, que ha sido un acto de justicia aunque no les abonen los intereses devengados por la demora, pero sí han metido la pata por agravio comparativo con los 9’3 millones de pensionistas españoles al margen que el PP, como buen partido de la derecha, en apenas cuatro años de gobierno ha hecho más ricos a los ricos y más pobres a las clases medias y trabajadoras, o sea, que ha trasvasado rentas del trabajo hacia el capital.
Creo que el gobierno pepero se ha trastornado al conocer las encuestas que aparecen en los medios; deben verse ya en la calle por eso están tratando de arreglar algunos errores cometidos años atrás. Este acuerdo de pagar parte de la extra ha sido posible “por la positiva evolución del déficit público, que se ha recortado en un 16% debido a la mejora de la recaudación”, afirmó en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría. Si la economía funciona tan bien, ¿porqué el PP se ha olvidado de mejorar un poco las pensiones, aunque sólo hubiera elevado las más bajas hasta el 1%, igual que el anuncio de subida de sueldos a los funcionarios para el año 2016?.
Fundar un partido político, Partido de Pensionistas Españoles (PPE), sería la solución para los problemas de las clases pasivas. Conseguiríamos millones de votos en cualquier convocatoria electoral, nuestros representantes ocuparían escaños en los Parlamentos y participaríamos en el reparto de la tarta, igual que el resto de las autonomías, las diputaciones, los ayuntamientos y los grupos de presión de este país.