El Tribunal de Cuentas exculpa a Sedano y su equipo por el sobrecoste del Calderón

El Tribunal de Cuentas no ve indicios de responsabilidad contable por parte de los miembros de la junta de gobierno que en diciembre de 2008 aprobaron unos pagos correspondientes a las obras de reforma del Teatre Calderón, a la cabeza de los cuales estaba Jordi Sedano, alcalde en ese momento y con gobierno del PP. Ahora se abre un periodo para que puedan presentarse alegaciones, y los concejales afectados confían en que culmine con el archivo del proceso.

Basándose en un informe de la Sindicatura de Cuentas que detecta irregularidades en los sobrecostes de la reforma, el tema llegó al Tribunal de Cuentas, a propuesta tanto de la propia Sindicatura como del Ayuntamiento de Alcoy. Los concejales que formaban parte de dicha junta de gobierno estaban citados ayer y pronto tuvieron conocimiento de que la instructora del Tribunal de Cuentas no apreciaba indicios de responsabilidad contable y que la liquidación es negativa, tal y como apuntaron ayer varios de los políticos afectados. Los pagos aprobados en dicha junta de gobierno fueron de 2’1 millones y se estima que hay sobrecostes por valor de más de un millón de euros.

Siete políticos

Cabe señalar que han sido siete los concejales y exconcejales requeridos por el Tribunal de Cuentas, como son Jordi Sedano, Amparo Ferrando, Rafa Sanus, Fernando Pastor, Javier Castañer, Santiago Botella y Nacho Palmer. Actualmente, Sedano es el portavoz municipal de Ciudadanos, Nacho Palmer es concejal por el PP y Fernando Pastor diputado autonómico por esta misma formación, mientras que el resto permanece apartado de la política de primera línea.

Aunque según han apuntado varios de ellos no era necesario estar presente en el Tribunal de Cuentas, en Madrid, Jordi Sedano, Rafa Sanus y Fernando Pastor sí han acudido, así como un representante legal del Ayuntamiento, mientras que el resto ha optado por estar a la espera de lo que les comunicara su representante legal. Previamente ya habían presentado las alegaciones pertinentes y ayer se trataba de conocer la resolución.

Satisfacción y tranquilidad

Entre quienes ha acudido está Jordi Sedano, quien era el alcalde de Alcoy en el momento en que se celebró la cuestionada junta de gobierno en que se aprobaron unos pagos por las obras del Teatre Calderón que han provocado polémica. Sedano apuntaba, tras conocer el resultado, que “estoy contento, pero es lo que esperábamos. Donde no hay nada, no se puede sacar nada”. Ahora, confía en que el paso siguiente sea archivar el caso.

Por su parte, Amparo Ferrando apuntaba que “hace días que presentamos el escrito de alegaciones”, y cabe señalar que por una parte habían ido de manera conjunta Fernando Pastor, Santi Botella, Nacho Palmer y ella misma, mientras que por otro lo hicieron Jordi Sedano, Rafa Sanus y Javier Castañer, si bien todos coincidían en que el pago estaba avalado por informes técnicos, y apuntan varios documentos.

Mientras, Nacho Palmer remarcó que “nosotros teníamos la conciencia tranquila, pero a nadie le gustan estas cuestiones”, remarcando la complejidad de un órgano como el Tribunal de Cuentas. Nacho Palmer hizo hincapié en que contaban con varios informes técnicos a favor y que por eso se aprobaron esos pagos, así como un informe del Consejo Jurídico Consultivo y una sentencia de un contencioso.

No tienen pruebas

Por su parte, el alcalde de Alcoy, Toni Francés, explicó ayer que el Ayuntamiento remitió toda la documentación que se les había requerido y no dudó en afirmar, al conocer la resolución, que “es un hecho que la tramitación se ha hecho como tocaba, por lo que la instructora ha visto que no hay responsabilidad contable”, y apuntó que la cuestión sería determinar si hay algún trasfondo, “pero nosotros no podemos determinar si hubo connivencia de estos concejales o no la hubo, pues si lo supiéramos ya hubiéramos actuado”.

En un sentido similar se pronunció la concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, quien explicó que desde el Tribunal de Cuentas han apuntado que el Ayuntamiento puede iniciar una demanda por responsabilidad contable, si bien la edil explicó que no llevarán a cabo nada al respecto de momento, puesto que no tienen pruebas para llegar a la vía penal en este sentido.

¿Qué es el Tribunal de Cuentas?

La Constitución española de 1978 y la Ley 2/1982 Orgánica del Tribunal de Cuentas definen al Tribunal de Cuentas como el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del Sector Público, sin perjuicio de su propia jurisdicción, y dejando a salvo las atribuciones fiscalizadoras de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas.

Tiene dependencia directa de las Cortes Generales, aunque no es un órgano propio del Parlamento Nacional. Su Pleno está formado por doce miembros –sus Consejeros de Cuentas, designados seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado–, y el fiscal por el Gobierno y gozan de las mismas independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los jueces. Las dos funciones principales que tiene atribuidas el Tribunal de Cuentas por la legislación vigente son la fiscalizadora, que pretende determinar si la actividad económico-financiera de la Entidad local respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía, y la jurisdiccional, que supone el enjuiciamiento de la posible responsabilidad contable en que pueden incurrir los que tienen a su cargo el manejo de fondos públicos. El Tribunal de Cuentas tiene también atribuidas funciones en cuanto a la revisión de los contratos celebrados por las Entidades locales.