Buscarán depurar responsabilidades políticas por la obra de La Rosaleda
El alcalde de Alcoy, Toni Francés, trabajará para que se depuren responsabilidades políticas por la obra de reurbanización de La Rosaleda, que se ejecutó con gobierno municipal del PP, desde el primer momento contó con voces en contra, en 2005 el Juzgado la declaró ilegal al no adaptarse a la norma para zonas verdes y después de todos estos años es ahora cuando se ha conseguido un acuerdo con la Colla Ecologista La Carrasca que permitirá llevar adelante un proyecto para legalizar dicha plaza.
Tal y como apunta, según se les comunicó en un informe jurídico que solicitaron hace ya un tiempo, las responsabilidades políticas solo pueden pedirse cuando el proyecto esté ejecutado, puesto que será en ese momento cuando esté cuantificado lo que ha costado la actuación y cuando se puedan pedir responsabilidades e intentar depurarlas. De momento, de la actuación que se llevará a cabo –al contar con el beneplácito de los ecologistas y que debe ser ratificada a nivel judicial– se cuenta con un anteproyecto que valora la actuación en alrededor de 1’5 millones de euros, si bien falta redactar el proyecto y proceder a la ejecución para saber el coste final.
En cualquier caso, a la hora de pedir responsabilidades, se decidirá si se extiende a todos los concejales que lo aprobaron o, por ejemplo, a quienes lo impulsaron. En el momento de la aprobación del proyecto el alcalde era Miguel Peralta, y la concejalía de Obras estaba en manos de Rafa Miró.
Responsabilidad de la empresa
Por otra parte, señalar que la empresa que ejecutó el proyecto (integrada por Ortiz y Auplasa) fue condenada por defectos en el proyecto técnico a pagar 275.000 euros, si bien presentaron un recursos que fue admitido parcialmente y rebajó la compensación económica de la firma a la mitad, al considerar las deficiencias que presentaban los proyectos técnicos como “palmarias”, por lo que entendía que el Ayuntamiento que los aprobó también tenía culpa de que hubiesen prosperado.
La cantidad inicial que se le atribuyó a la empresa era la mitad de lo que costaba el proyecto para legalizar La Rosaleda que barajaban en ese momento, si bien finalmente no fue posible al no contar con la aprobación judicial. Esto comportó la redacción de un nuevo proyecto que, esta vez, sí cuenta con el respaldo de la Colla Ecologista La Carrasca, que desde un primer momento denunció las irregularidades del proyecto ejecutado al incumplir la legalidad vigente en cuanto a zonas verdes.
La propuesta que se ejecutará es obra del arquitecto Ciro Vidal y tal y como señalaron desde la Colla Ecologista La Carrasca cumple con los mínimos que exige la sentencia, y que permite recuperar zona verde, disponer una capa de tierra de un determinado espesor y que quede a ras. Además, soluciona una de las cuestiones que podía haber supuesto un problema, como era el rebajar el número de plazas del aparcamiento subterráneo que hay en La Rosaleda, y no solo no las rebaja, sino que incluso las puede aumentar y mejorar las accesibles.