Vuelve la ‘guerra’ del idioma

Cuando altos dirigentes del partido Popular como el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, o la presidenta del PP en Madrid, Esperanza Aguirre, les están pidiendo perdón a los españoles por los casos de corrupción que afectan a su partido y algunos barones del PP están levantando su voz pidiendo que “cuando las alcantarillas huelen mal hay que limpiarlas, no taparlas”, el Consell presidido por Alberto Fabra no ha tenido mejor ocurrencia, dentro de los presupuestos de la Generalitat para el año 2015, que intentar reabrir la “guerra” del idioma al anunciar el anteproyecto de ley por la cual el gobierno valenciano pretende crear un nuevo ente, denominado “Observatorio de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano”.

El texto del borrador, en su artículo 7º, define el valenciano como “la lengua propia y el idioma oficial de la CV”. Esta norma, en caso de aprobarse –el PP sigue disfrutando de mayoría absoluta en el Parlamento valenciano- antes de que finalice este mes, deja en fuera de juego a la Academia Valenciana de la Llengua y también al Consell Valencià de Cultura. Pero el nuevo debate lingüístico que nos espera va más lejos ya que una de las prioridades del ejercicio será la revisión del Diccionari Normatiu Valencià “a partir de las aportaciones de los académicos, los usuarios y las instituciones”.

O sea que según aprobarán los doctos políticos del actual gobierno valenciano en la revisión –léase cambios– del Diccionari…

intervendrán, además de los académicos también los usuarios, o sea el pueblo llano y las instituciones. En este último punto tendrán voz cantante la Academia Valenciana de Cultura y Lo Rat Penat, dos instituciones de marcado carácter secesionista respecto de la unidad de la lengua.

La obsesión de la derecha valenciana, esa que presume de valencianía… expresándose en castellano en parlamentos y otros foros públicos, es la de considerar el valenciano como idioma propio, sin ninguna connotación con el catalán, definición que se recoge en que cualquier diccionario como “lengua románica hablada en Cataluña y otras zonas adscritas a la antigua Corona de Aragón como la Comunidad Valenciana menos la zona más occidental, las islas Baleares, Andorra y algunas zonas del sur de Francia”.

Es igual que profesores universitarios y expertos en filología o estudiosos del tema aseguren que, con algunas variantes, catalán, valenciano y mallorquín son el mismo idioma. Esta definición los políticos y no pocos votantes del PP no la aceptarán jamás. Y ahora, cuando comienzan a sospechar que dentro de siete meses los pondrán a todos en la calle, tratan de desviar problemas tan importantes como el paro, las deudas o la corrupción que padecemos tratando de desviar la atención sobre la definición del valenciano.
El anuncio de la nueva ley de señas de identidad que aprobará el gobierno del PP gracias a su mayoría absoluta ha levantado la protesta de los rectores de las universidades públicas valencianas. Los profesores universitarios entienden que no puede marginarse a la Academia Valenciana de la Llengua y al Consell Valencià de Cultura cuyo presidente, el profesor Santiago Grisolía, ha manifestado que “no se entiende que nos desprecien de esa manera”.

El borrador de la nueva ley trata de marginar todos los dictámenes científicos y sentencias judiciales que avalan la unidad de la lengua. Los políticos del PP, a la vista de las negativas encuestas electorales que auguran la pérdida de su mayoría absoluta en los comicios del próximo mes de mayo y para distraer la atención de la oposición respecto del montón de miembros de su partido imputados por los jueces, y de los miles de millones de euros de déficit que arrastra la autonomía, han puesto en circulación este proyecto porque, además, saben que el anticatalanismo les da votos.

Aunque el PPCV tiene, y seguirá teniendo, ciudadanos dispuestos a seguir dándoles su apoyo en las urnas –los votantes de la derecha de siempre, como en Fuenteovejuna, van todos a una-, ha conseguido que su larga etapa de gobierno iniciada en el año 1995 sea recordada negativamente durante muchos años por los millones de valencianos que nunca les votaron.

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