EUPV pide diálogo con los afectados de la Xylella del Valle de Guadalest
La diputada Raquel Pérez mantuvo un encuentro con Carmen Solbes Concejala de Agricultura de Benimantell, Felipe Miralles Alcalde de Benimantell, Teresa Alemany representante de la Asociación Agraria de Jovenes Agricultores de Alicante (ASAJA) en L’Alcoia, El Comtat i La Marina, además de numerosos agricultores afectados por la grave enfermedad de la Xylella Fastidiosa que mata tanto al olivo como al almendro, donde le informaron sobre la difícil situación en la que se encuentran actualmente y que se extiende ya a 3 Comarcas, 18 municipios y a más de 150 propietarios de cultivo.
Desde que se detectaron los primeros focos en julio de 2017, los vecinos de las localidades reconocen tener un profundo desconocimiento sobre las medidas que se están adoptando y la evolución en la toma de decisiones sobre la aplicación en los protocolos fitosanitarios.
Los afectados indican que se adoptan medidas urgentes de erradicación sin el consentimiento de los agricultores propietarios de los terrenos, y entienden que las decisiones de la Consellería podrían ser admisibles si fuera aislada o aislable a un foco, pero no sería admisible en el caso de ser generalizada foco a foco, pues llevaría una desertificación de la zona y notables daños económicos y patrimoniales para los afectados directamente y, la esquilmación en el tejido forestal, con los graves efectos paisajísticos y medioambientales que ello supondría.
También inciden en que según los estudios científicos se acredita que para dicha bacteria no existen aún métodos de control efectivos para controlar las enfermedades que causa en el material vegetal y que la erradicación solo es operativa en un brote inicial muy localizado; mientras que es poco probable que dicha erradicación sea efectiva una vez que se ha establecido un área, debido a la amplia gama de plantas huésped y de insectos vectores que posee.
El artículo 7 de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789, de la Comisión, de 18 de mayo de 2015, sobre medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella Fastidiosa, dispone que “el organismo oficial competente del Estado Miembro interesado podrá decidir aplicar medidas de contención”; por lo que no son necesarias medidas de erradicación excesivamente drásticas y lesivas como las impuestas.
Según el programa Nacional para la Aplicación de la Normativa Fitosanitaria, dentro del Plan de Contingencia de la Xylella Fastidiosa del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, son suficientes medidas de contención. Sin embargo, el Plan de Contingencia de la Generalitat Valenciana está tomando medidas de erradicación, a pesar de las demandas de los agricultores.
Por tanto, según los propios agricultores, no son necesarias medidas de erradicación total ya que la bacteria solo es posible erradicarla cuando el cultivo se haya realizado de forma protegida, de forma que se pueda excluir la presencia del vector, y además, cuando se demuestre que el origen de la infección ha sido la introducción en la zona de vegetales infectados que en la zona no estaba presente antes.
La diputada Raquel Pérez califica las medidas adoptadas para atajar el grave problema de la Xylella como un “asalto institucional”. Sin ningún tipo de información o consentimiento de los agricultores propietarios de los terrenos afectados, la maquinaria ha entrado en los terrenos arrancando y triturando in situ los árboles afectados. Cuando se deberían haber analizado y estudiado las diferentes posibilidades que existen para la contención de la plaga, tal y como actualmente se realiza en Baleares. Además de proporcionar una alternativa para los agricultores, que ven como su producción ha sido arrasada con el enorme impacto económico que eso supone, estudiando así una serie de indemnizaciones por todo ello.
Además la diputada de izquierdas asegura que las amenazas recibidas por parte de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente son “totalmente desproporcionadas”. En la resolución enviada a los agricultores afectados, se les da un plazo de 15 días “para arrancar y destruir in situ el material vegetal afectado, así como realizar tratamientos insecticidas contra los posibles vectores de Xylella fastidiosa y contra las plantas que puedan albergarlos”. El incumplimiento de dichas medidas podría suponer una sanción de entre 120.001 y 3 millones de euros. Los agricultores, de este modo, tienen pocas alternativas entre la erradicación total de su producción o afrontar una multa de la que son incapaces de asumir.